A casi 25 años de la fatal madrugada del 17 de septiembre de 1999, donde se produjo la «Masacre de
Ramallo”, la Corte Suprema dictaminó que el estado provincial tendrá que indemnizar a las familias del
Gerente del Banco Nación de Villa Ramallo, Carlos Chávez y a la del Cdor. Carlos Santillán, quienes
fallecieron acribillados por las balas de las fuerzas públicas que estaban en el exterior de la entidad en el
momento que los delincuentes intentaban darse a la fuga llevándolos como rehenes junto a la esposa
del primero, Flora Lacave.
Ellos tres y los tres delincuentes que intentaron perpetrar el robo se movilizaban a bordo del automóvil
de Chávez -un VW Golf de color verde- y cuando intentaron cruzar la Avda. San Martín para ir rumbo a
calle Ginocchio se desencadenó la balacera que terminó con la vida de los dos rehenes, también la de
uno de los ladrones y dejó a Lacave con heridas de gravedad.
Los ladrones buscaban escapar del lugar utilizando a los tres rehenes como escudo humano pensando
que los iban a dejar huir, pero pasó todo lo contrario y el automóvil quedó hecho un colador con más de
150 impactos de bala.
A raíz de este erróneo accionar policial en primera instancia la justicia había determinado que el
gobierno provincial tenía que indemnizar a las familias y tras más de 20 años de espera la Corte
Suprema avaló ese fallo en primera instancia y los Chávez recibirán 407.082.000 pesos, más intereses,
y en el caso del contador Santillán, serán $167.216.000, también más intereses.
En el fallo se resalta la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires en el desproporcionado accionar
policial durante el final de los hechos.