A principios de esta semana, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) a través del decreto 720/2024, publicado en el Boletín Oficial y los motivos serían por hechos de “incuestionable gravedad”.
En primera instancia esta intervención sería por el término de 180 días, pero se podría prorrogar en caso que el Ministerio de Salud lo considere necesario.
Además, el decreto designa a Virginia Montero como interventora, quien tendrá la responsabilidad de elevar un informe mensual a la Superintendencia de Servicios de Salud, un organismo descentralizado del Ministerio de Salud. Este informe debe detallar la situación institucional, administrativa y prestacional de la entidad, con miras a su normalización.
El documento justifica la intervención basándose en una auditoría que reveló diversas infracciones, incumplimientos e inobservancias en la gestión de OSPRERA, calificadas de “incuestionable gravedad”.
Esta medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Russo, se implementa menos de un mes después de que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) celebrara la recuperación del control de su obra social tras un largo conflicto judicial.
